Aumenta el escándalo en la Dirección General de Deportes de la Comunidad Autónoma
El diario digital ‘LasNoticiasRM.es’ ha desvelado otra noticia más referente al escándalo por los contratos opacos adjudicados por la Dirección General de Deportes a la empresa Benytours. El Defensor del Pueblo ha confirmado la admisión a trámite de una denuncia presentada por un ciudadano, en la que se acusa a la Consejería de Turismo, Cultura, Juventud y Deportes —de la que depende la Dirección General de Deportes— de incumplir la resolución del Comisionado de Transparencia de la Región de Murcia.
La información de ‘LasNoticiasRM.es’ publicaba en exclusiva una nueva noticia sobre la adjudicación de más de doscientos contratos a la empresa Benytours. La misma reza así de manera textual:
Según el escrito oficial, fechado el 22 de julio de 2025 y firmado por el propio Ángel Gabilondo, la queja ha sido admitida porque “reúne los requisitos establecidos en el artículo 54 de la Constitución, en relación con la Ley Orgánica 3/1981”, que regula el funcionamiento del Defensor del Pueblo.
A partir de ahora, la institución nacional inicia una actuación directa con la Consejería Turismo, Cultura, Juventud y Deportes implicada y se compromete a mantener informado al denunciante de los pasos y respuestas que se produzcan en el curso de la investigación.
UNA LARGA CADENA DE OCULTACIONES Y DESOBEDIENCIA INSTITUCIONAL
La denuncia parte del incumplimiento reiterado de la Resolución 17/2025 del Comisionado de Transparencia, que obligaba a la Dirección General de Deportes a entregar los expedientes completos de 223 contratos adjudicados entre 2019 y 2024 a la empresa Benytours, por un total cercano a los 60.000 euros.
Pese a la obligación legal y el vencimiento de todos los plazos, ni la Consejería ni el responsable del área, el director general Fran Sánchez, han hecho entrega de la documentación requerida, lo que llevó al denunciante a solicitar la ejecución forzosa de la resolución y posteriormente a acudir al Defensor del Pueblo.
La investigación se centrará ahora en determinar si existe una vulneración del derecho de acceso a la información pública por parte de la administración regional, así como posibles responsabilidades administrativas por el incumplimiento de un mandato expreso y firme de una autoridad independiente como el Comisionado de Transparencia.
PRESIONES POLÍTICAS, EXPEDIENTES DISCIPLINARIOS Y MÁS DE UN MILLÓN DE EUROS BAJO SOSPECHA
Este nuevo frente institucional se suma a las crecientes presiones sobre Fran Sánchez, actual director general de Deportes, que ya se enfrenta a una petición de expediente disciplinario por parte de denunciantes ante la propia Consejería.
Además de los contratos con Benytours —empresa a la que se vincula geográfica y personalmente con el entorno del director general—, LasNoticiasRM.es ha revelado recientemente que Sánchez también ocultó los expedientes de contratos millonarios con la firma TK Analytics & Blockchain, por más de 1.000.000 euros, cuyo objeto contractual resulta ajeno a las competencias habituales de la citada empresa.
UNA CUESTIÓN DE DERECHOS Y DE TRANSPARENCIA PÚBLICA
Desde sectores sociales y jurídicos ya se advierte de que esta situación no es solo un problema de transparencia o mala gestión, sino una posible infracción grave del marco legal vigente, que obliga a las administraciones a garantizar el derecho ciudadano a acceder a información pública, especialmente en lo relativo a contratación y uso de fondos públicos.
La investigación abierta por el Defensor del Pueblo marca un hito institucional inédito en la Región de Murcia, y podría derivar en consecuencias administrativas, disciplinarias e incluso judiciales si se constata una política sistemática de opacidad por parte del Gobierno regional.
Por ahora, el expediente sigue abierto y las partes implicadas están obligadas a colaborar. La pelota vuelve a estar en el tejado de la Consejería de Cultura y de Fran Sánchez. La pregunta que queda en el aire es si esta vez responderán, o si seguirán manteniendo el silencio.
